Los sobrevivientes y deudos de las víctimas de la protesta en Bagua, donde el 5 de junio de 2009 murieron 24 policías y 10 civiles, clamaron hoy por “justicia” y “reparación”, aunque el presidente Alan García insistió en que este hecho fue una “masacre de policías”.
En la víspera del primer aniversario de la protesta, García dijo hoy a periodistas que en la provincia selvática “se produjo un asesinato en frío de 24 agentes (policiales)” y criticó que estas muertes no se hayan “analizado con la misma velocidad” con la que se pretende esclarecer la de los diez civiles.
Para el gobernante, los policías fueron “víctimas de una emboscada primero y (luego) de un degollamiento brutal”, por lo que prometió “pensar en las víctimas inocentes que fueron las primeras en caer cuando fueron sorprendidas con armas de largo alcance”.
Afirmó, en ese sentido, que los manifestantes portaban armas de guerra y los policías solamente escopetas de perdigones y bombas lacrimógenas.
La violencia se desató el 5 de junio de 2009 cuando la policía despejó una carretera tomada por miles de nativos, lo que produjo violentos enfrentamientos en la llamada “Curva del diablo” y desencadenó otras protestas en las ciudades aledañas de Bagua y Bagua Grande (Utcubamba).
Allí murieron 12 policías (el cuerpo de uno de ellos nunca fue encontrado) y 10 civiles, entre indígenas y pobladores que protestaban contra una serie de decretos legislativos aprobados para facilitar las inversiones en la Amazonía peruana sin que se haya consultado a las comunidades nativas.
La noticia del intento de desalojo llegó a la remota estación número 6 de Imacita, en medio de la selva, donde un grupo de nativos asesinó, aparentemente en represalia, a otros 12 policías de los 38 que habían tomado días antes como rehenes.
Estos hechos fueron recordados hoy en la sede de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH ), donde Rufina Salazar, viuda de un civil muerto, y Maritza González, madre de una niña herida por un disparo, ofrecieron una rueda de prensa en la que también se esperaba a los familiares de los policías muertos.
CONDENAN MUERTES
El secretario ejecutivo de la CNDDHH, Ronald Gamarra, lamentó que los deudos de los policías no acudieran a la convocatoria, pero aclaró que su organización condena tanto las muertes de civiles como de policías.
Gamarra pidió “justicia” para todas las víctimas y sanción “a los verdaderos culpables”, así como atención médica e indemnizaciones para los heridos y los deudos de los fallecidos.
Entre sollozos, Maritza González, quien estuvo acompañada de la pequeña Leidy Luz, pidió “justicia y reparación” para su hija y los casi 200 heridos de esta violenta protesta.
Rufina Salazar, viuda de Alejandro Salazar, aseguró que en la protesta murió “gente inocente” y pidió que “se haga justicia” porque los policías “no tenían que matar así en Bagua Grande”.
SIN INVESTIGACIÓN
En la rueda de prensa, el abogado Juan José Quispe, del Instituto de Defensa legal (IDL ), denunció que hasta el momento no se ha investigado a los responsables políticos de los sucesos ni a los altos mandos a cargo del operativo policial.
Quispe exigió un debido proceso para los más de 120 civiles procesados, entre ellos el líder indígena Alberto Pizango , acusado de azuzar las protestas y quien regresó a Perú para afrontar tres juicios tras permanecer asilado 11 meses en Nicaragua.
EXTREMA VIGILANCIA
El abogado también informó de que más de 200 policías armados con fusiles han sido enviados a Bagua para vigilar una marcha pacífica que conmemorará mañana el primer aniversario de la protesta.
Al igual que la CNDDHH, organizaciones como Amnistía Internacional destacaron la reciente aprobación por el Congreso de la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas u Originarios e instaron al Gobierno a aprobarla de inmediato y a “aprovechar esta oportunidad para trabajar de manera constructiva con los pueblos indígenas”.
EL COMERCIO
